Aunque el crecimiento del consumo de energía no ha sido elevado, España
aumentó las emisiones de CO
2 en 2007, alejándose un poco más del objetivo
del Protocolo de Kioto, que limitaba ese incremento al 15% del valor de 1990, calculándose
el mismo para el período 2008 a 2012 . España es el país europeo que más se
aleja de ese objetivo, pero seguimos teniendo una emisión de CO
2 per cápita por debajo
de la media del conjunto más desarrollado de la Unión. El consumo de energía por habitante
en España equivale al 91% del consumo medio en la Unión.
En este campo, las empresas de generación eléctrica están
haciendo esfuerzos notables. Apostar por las centrales de ciclo
combinado de gas natural es uno de ellos. Además, se están invirtiendo
cantidades importantes para la modernización de las centrales de carbón; se
está investigando la posibilidad de capturar CO
2 (un ejemplo es la próxima construcción
de una planta piloto en las cercanías de la Central de Elcogás); se ha llegado a una posición
destacada en el ámbito mundial en cuanto a potencia instalada en generación eólica; y se están
impulsando con éxito los parques de generación fotovoltaica, entre otras acciones.
Los esfuerzos de las empresas eléctricas por aumentar su eficiencia y disminuir sus emisiones
coinciden con los objetivos del Gobierno español, que en el Consejo de Ministros del 20 de julio
aprobó diversas medidas para combatir el cambio climático.
Entre ellas destaca la Estrategia nacional de cambio climático y energía
limpia, horizonte 2007-2012-2020, que incluye un plan de soluciones urgentes
constituido por 198 medidas y 75 indicadores. El objetivo es asegurar la disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero. En ese mismo Consejo de Ministros el Gobierno
aprobó el Plan de medidas urgentes de la estrategia y el Plan de acción de ahorro y eficiencia
energética 2008-2012.
La aprobación de la asignación definitiva de derechos de emisión
para el período 2008-2012 a primeros de noviembre ha sido otra de las acciones del
Gobierno encaminadas a limitar las emisiones. El acuerdo contempla la asignación de
derechos para algo más de 1.000 instalaciones.