El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 13 de mayo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera norma legal española que busca combatir el calentamiento global. Pero esta ley no es sino una pieza más dentro de un contexto más amplio y ambicioso, el Marco Estratégico de Energía y Clima, que contempla múltiples iniciativas conducentes a un auténtico cambio de paradigma en el modelo económico general y en particular en el sector energético. Una transformación de calado, en la que el sector gasista está llamado a jugar un papel decisivo.

 

Juan Carlos Giménez

En febrero de 2019, el Gobierno de España presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima, un documento que recoge la apuesta del ejecutivo para facilitar la evolución de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo, que minimice los impactos de la transición energética, favorezca la creación de empleo y mejore la calidad de vida de la ciudadanía. En el momento de dar a conocer el documento, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó la propuesta como “ambiciosa, equilibrada, modernizadora, solidaria y plenamente factible”. Y enmarcada en la línea de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

La Agenda 2030 fue aprobada por la ONU en 2015, con el objetivo de abrir una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Esta Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la acción por el clima, la educación, la igualdad de género, la preservación del medioambiente o el diseño de ciudades y comunidades sostenibles.

En cuanto al Acuerdo de París, se trata del primer tratado sobre cambio climático jurídicamente vinculante, adoptado en diciembre de 2015 en la capital francesa y firmado por la práctica totalidad de los países del mundo. Su objetivo es limitar el calentamiento del planeta por debajo de dos grados -y preferiblemente 1,5- en comparación con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo, los firmantes se proponen alcanzar el máximo de emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, para lograr un planeta con clima neutro a mediados de siglo.

Estos dos grandes consensos mundiales han iniciado una agenda global sostenible, que conlleva la transformación del modelo económico y un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva. Y a este respecto la Unión Europea se ha dotado de un marco jurídico amplio, que le permitirá cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y al tiempo mantenerse en vanguardia de este proceso de transición sin precedentes. El marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 contempla una serie de metas y objetivos políticos para toda la UE durante el periodo 2021-2030 (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, promoción de las renovables y de la eficiencia energética, etc.).

Este es el contexto en el que se elaboró en España el Marco Estratégico de Energía y Clima. Una propuesta concebida como una oportunidad para lograr simultáneamente varios objetivos: modernización de la economía, creación de empleo, liderazgo en energías y tecnologías renovables, desarrollo del medio rural, mejora de la salud, regeneración medioambiental y justicia social.

Se trata de facilitar una transformación de la economía en la que el país ganará en prosperidad, seguridad energética, generación de empleo industrial, innovación, salud y desarrollo tecnológico, sin olvidar a los colectivos sociales más vulnerables. El Marco Estratégico de Energía y Clima trata de orientar al tejido empresarial español hacia las ventajas competitivas del futuro: innovación y eficiencia con huella ambiental baja o nula.

Seis son las piezas clave que componen este marco: la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030; la Estrategia de Transición Justa; la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” (ELP 2050); la Estrategia de Pobreza Energética; y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Se trata garantizar que España cuente con un marco estratégico estable y certero para la descarbonización de su economía. A través de una hoja de ruta eficiente para la próxima década, en coherencia con el objetivo de la neutralidad de emisiones en 2050. Y contar al tiempo con una estrategia de acompañamiento solidario, que asegura a personas y a territorios la capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades que abre esta transición, con garantía de que nadie queda atrás.

 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recién aprobada, representa el marco normativo que constituye la herramienta institucional para facilitar la progresiva adecuación de la realidad española a las exigencias de la acción climática. El texto legal incluye tanto instrumentos de cooperación como herramientas de evaluación y aprendizaje, así como un marco facilitador de la transición energética con cauces de integración de los diferentes sectores.

Se trata de un texto legal extraordinariamente complejo, que combina contenidos programáticos con mandatos jurídicos. Y presenta un carácter marcadamente transversal, al afectar a varios sectores económicos e industriales e incorporar un horizonte temporal muy ambicioso (objetivos vinculantes para los años 2030 y 2050).

En concreto, de cara a 2030 se plantea como objetivos mínimos nacionales el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 21% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías renovables de, al menos, un 42% en el consumo de final y un 74% en generación; y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. Asimismo, en el más corto plazo posible —y en todo caso antes de 2050— España deberá alcanzar la neutralidad climática y la producción de energía eléctrica será exclusivamente a partir de fuentes de origen renovable.

La norma dispone que el Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya producción se utilicen exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.

Como consecuencia de todo lo anterior, igual que se ha realizado para el hidrógeno, será necesario elaborar una Hoja de Ruta del Biogás que permita su despliegue en España, teniendo en especial consideración su potencial para la economía circular y así desempeñar un papel relevante en la descarbonización de distintos sectores de la economía.

 

PNIEC 2021-2030

El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) es otra de las herramientas fundamentales del Marco Estratégico, además de constituir una demanda de la normativa europea en estas materias, derivada del denominado “Paquete de invierno” presentado por la Comisión en 2016. Este Plan, aprobado y remitido a Bruselas por el Gobierno español en enero de 2020, define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética. También determina las líneas de actuación más adecuadas y eficientes, maximizando las oportunidades para la economía, el empleo, la salud y el medioambiente.

Las medidas articuladas en el PNIEC han sido desarrolladas y puestas en marcha mediante el desarrollo de estrategias, hojas de ruta y disposiciones legislativas. Algunas de ellas, como la "Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable" o la "Estrategia de almacenamiento energético", tienen además una visión a 2050 en total consonancia con la Estrategia a Largo Plazo.

La Medida 1.8 del PNIEC señala a los gases renovables (biogás, biometano, hidrógeno renovable, entre otros) como uno de los pocos vectores energéticos limpios y sostenibles que pueden utilizarse tanto para generar electricidad como para cubrir demanda energética en procesos industriales de alta temperatura y en el transporte. De ahí la necesidad de una “Hoja de Ruta del Biogás”, que aborde tanto el potencial de este combustible como los retos y medidas a adoptar para alcanzar los objetivos establecidos, considerando su potencial para desempeñar un papel relevante en la descarbonización de distintos sectores de la economía, con especial incidencia en el territorio rural.

 

Estrategia de Transición Justa

La Estrategia Española de Transición Justa fue aprobada por el Gobierno en 2019 para maximizar las oportunidades de empleo en la transformación del modelo económico hacia la neutralidad climática, a través de marcos de formación profesional, políticas activas de empleo, medidas de apoyo y acompañamiento –con especial atención a sectores estratégicos–, y planes de reactivación de los territorios. Se incluyen instrumentos de reducción de la desigualdad y apoyo a los consumidores, en particular los más vulnerables.

Entre las medidas de acompañamiento específico a sectores estratégicos industriales que incluye la Estrategia de Transición Justa figura el establecimiento de un marco de transición para la cogeneración, que apoyará la de alta eficiencia que utilice combustibles renovables o gas natural y aporte flexibilidad en su operación de cara al sistema eléctrico.

  

ELP 2050

La Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050) fuel aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020, y marca la senda para lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia económica y de generación de empleo. Servirá de guía para encauzar inversiones en los próximos años, y previsiblemente orientará la movilización de recursos para la recuperación tras la crisis del COVID-19.

La ELP 2050 permitirá que España reduzca en ese horizonte temporal sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% respecto a 1990. El documento analiza las distintas opciones para la descarbonización y propone una trayectoria para alcanzar la neutralidad climática. Y, si bien marca una senda general para alcanzar los objetivos, la ruta concreta para cada década se irá definiendo de manera detallada por medio de los PNIEC, que se elaborarán cada diez años y se actualizarán cada cinco.

La transición hacia la neutralidad climática presenta múltiples oportunidades para la industria gracias al desarrollo de sectores estratégicos como las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético a lo largo de toda su cadena de valor. El despliegue de estas tecnologías contribuirá, asimismo, al autoabastecimiento energético y a un uso más eficiente de los recursos.

El uso del hidrógeno renovable como vector energético contribuirá a la descarbonización del sector industrial. Y el sector de la agricultura también experimentará un avance significativo: la senda facilitada por la ELP permitirá lograr una reducción importante de emisiones gracias, entre otros factores, a la producción de biogás.

 

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

En abril de 2019, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, dividida en cuatro ejes de actuación y 19 medidas concretas, que contemplan tanto indicadores para el seguimiento de la carencia de este servicio básico como los objetivos para su reducción en el horizonte de 2025. Entre otras iniciativas, fija las líneas del futuro bono social energético, y plantea acciones para la rehabilitación energética de viviendas y la sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos más eficientes. También se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables.

El objetivo de la Estrategia es ampliar paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales -bonos sociales- para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural.

 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

En septiembre del año pasado, y a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros aprobó el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, herramienta fundamental hacia la “reconstrucción verde”. Su principal objetivo es lograr que España sea menos vulnerable, más segura y resiliente frente a los impactos y riesgos del calentamiento del planeta. Y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo, que vinculan esta estrategia con las políticas de recuperación tras la pandemia del coronavirus.

En concreto, define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sectores socioeconómicos, organizadas en 18 ámbitos de trabajo (salud, agua, patrimonio natural, biodiversidad, medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, seguridad alimentaria, etc.). La línea referida a prevención de impactos del cambio climático en el transporte, almacenamiento y distribución de energía contempla el aumento de los riesgos para las terminales de gas natural licuado (GNL), gas convencional y refinerías situadas en áreas costeras.

Aunque es largo, se puede mencionar al menos el enganche con la financiación del Green Deal y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España, puede).

 

Marco Estratégico de Energía y Clima

• Ley de Cambio Climático y Transición Energética

🗓️ Aprobada el 13 de mayo de 2021.

 Establece una serie de metas y medidas concretas para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050.

 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030

🗓️ Enviado el 31 de marzo de 2020 a la Comisión Europea.

 Reducción de las emisiones de GEI: 21%; Penetración de renovables: 42% (UE: 38%-40%); Eficiencia energética: 39,5% (UE: 36%-37%).

 

• Estrategia de Transición Justa

🗓️ Aprobada en 2019.

Maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos de la transición energética.

 

• Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050

🗓️ Aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020.

Lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia económica y de generación de empleo.

 

• Estrategia de Pobreza Energética

🗓️ Aprobada en 2019.

Establece la primera definición oficial de pobreza energética y objetivos de reducción a 2025: al menos un 25%, con la meta de alcanzar una reducción del 50%.

 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

🗓️ Aprobado en septiembre de 2020.

Define objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al cambio del clima.