La Comisión Europea publicó en diciembre la segunda parte del denominado Fit for 55, el paquete legislativo que apoya el compromiso de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. El documento recoge cual debe ser la aportación del gas natural, los gases renovables y el hidrógeno en la transformación del sistema energético europeo hacia un modelo descarbonizado.

Por Juan Carlos Giménez

En 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presentó la propuesta programática del Ejecutivo que preside, que incluía como uno de sus principales ejes el denominado Pacto Verde Europeo. Bajo este marco general deberían desarrollarse un conjunto de propuestas con las que la Unión Europea pretende impulsar su estrategia para lograr la descarbonización en el horizonte temporal de 2050. 

Los trabajos de la Comisión cristalizaron en la presentación, el 14 de julio de 2021, del conocido como programa Fit for 55 (Objetivo 55, referido a la necesidad de reducir las emisiones en un 55% antes de 2030). Este conjunto de propuestas avanzaba cual debería ser el rol de los gases en la necesaria transformación del mix energético europeo, si bien quedaban pendientes las propuestas concretas para lograr el objetivo.

La publicación de la segunda parte del programa en diciembre concreta el rol de los gases en la descarbonización, y contiene fundamentalmente tres conjuntos de medidas referidas, por un lado, a los mercados interiores tanto del gas natural como de los gases renovables y del hidrógeno; por otro, a la reducción de las emisiones de metano en el sector de la energía. Por último, figura un paquete relativo a la eficiencia energética en edificios. Estas iniciativas deben ser ahora analizadas por el Parlamento y el Consejo europeos.

Mercado interior

El objetivo principal de la reforma del mercado interior es fomentar el despliegue de gases renovables y bajos en emisiones de carbono, considerando que su desarrollo tendrá también un efecto positivo a medio plazo en el ámbito de la seguridad energética y en los precios del gas. Y es que este tipo de gases pueden producirse en el ámbito doméstico de cada país, reduciendo la necesidad de importaciones.

La propuesta contenida en el paquete Fit for 55 representa un reconocimiento explícito de que el gas natural, los gases bajos en carbono y los gases renovables no son solamente una energía de transición, sino que constituyen un vector energético fundamental hacia una economía descarbonizada.

La Comisión Europea estima necesario no sólo los gases renovables (generados a partir de la biomasa, incluido el biometano, así como el hidrógeno producido a partir de fuentes renovables), sino también los gases bajos en carbono, ya que todos ellos pueden contribuir sustancialmente a mitigar el cambio climático. Asimismo, la propuesta del Ejecutivo de Bruselas considera necesario facilitar su acceso a las redes de gas existentes.

En cuanto a la regulación de las redes de hidrógeno, el planteamiento es similar a la vigente para las redes de gas. Esto supone introducir un sistema regulado para las redes de hidrógeno, permitiendo hasta 2030 el acceso negociado. Para no fragmentar el mercado, se propone la obligatoriedad de admitir gases con hasta un 5% de mezcla de hidrógeno en los puntos de interconexión, si bien se establece un procedimiento para resolver discrepancias. Además, dicho porcentaje puede incrementarse en caso de acuerdo entre dos países interconectados. En el ámbito de cada país no se establece limitación alguna al porcentaje de blending, decisión que quedará en manos de cada Estado miembro.

En lo referente al permitting (tramitación de permisos para la puesta en marcha de instalaciones de energía) se puede considerar que las reglas para gas natural e hidrógeno serán equiparables y que se facilitarán los procesos administrativos para poner en marcha instalaciones y redes.

Emisiones de metano

La segunda iniciativa incluida en Fit for 55 se refiere a las emisiones de metano, que es un gas de efecto invernadero. La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reducir las correspondientes al sector energético, que representan alrededor de una quinta parte de las que tienen su origen en la actividad humana.

En la cumbre climática celebrada el año pasado en Glasgow, más de 100 países respaldaron el plan para reducir en un 30%, en el horizonte de 2030, las emisiones totales de metano respecto a los niveles registrados en 2020. Este Compromiso Mundial sobre el Metano, una iniciativa liderada por los Estados Unidos y la Unión Europea cuenta entre sus firmantes con seis de los diez mayores emisores del mundo: EE.UU., Indonesia, Nigeria, Pakistán, México y Brasil.

Partiendo de la consideración de que el metano es un factor muy relevante en cuanto a su contribución al cambio climático, la Comisión Europea propone una serie de medidas específicas para abordar su reducción, aunque no incluye objetivos específicos y vinculantes para limitar emisiones. Su aplicación afecta a la exploración y producción de petróleo y gas fósil, incluyendo los pozos inactivos; la transmisión y distribución de gas, su almacenamiento subterráneo y las terminales de GNL así como a las minas de carbón subterráneas y de superficie, tanto las que se hallan en explotación como las cerradas o abandonadas.

El reglamento propuesto establece el más alto nivel de medición, notificación y verificación de las emisiones de metano del sector energético, así como la reducción inmediata de emisiones mediante la detección y reparación obligatoria de fugas, así como la prohibición del venteo y la quema en antorcha.

En opinión de Sedigas, esta legislación comunitaria debería centrarse en mejorar la precisión de los datos al objeto de garantizar una política de reducción de las emisiones más adecuada. Hay que tener en cuenta que gran parte de la propuesta se basa en la Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Initiative, en la que participan desde 2019 compañías españolas como Enagás, Nedgia, BBG, SAGGAS, Repsol y Medgaz.

Eficiencia energética en edificios

El tercer apartado de propuestas de la Comisión trata de alinear las normas de rendimiento energético de los edificios con el Green Deal europeo, y lograr un parque inmobiliario con cero emisiones en el año 2050. La propuesta pretende facilitar en toda la UE la renovación de viviendas, escuelas, hospitales, oficinas y otros edificios, evitando emisiones de efecto invernadero, reduciendo la factura energética y mejorando la calidad de vida de la población.

La propuesta de la Comisión parte del hecho de quelos edificios representan el 40% de la energía consumida en la UE, junto con el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al sector de la energía. La calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria son responsables del 80% de la energía consumida en los hogares europeos. Además, el 75% de los edificios de la UE son ineficientes, y entre el 85% y el 95% de ellos seguirán en uso en 2050.

En este contexto, las principales propuestas incluyen la introducción gradual de normas mínimas de rendimiento energético, un nuevo estándar para que los edificios de nueva construcción se acerquen a cero emisiones, estrategias mejoradas de renovación a largo plazo, así como medidas para la modernización y mejor integración en los inmuebles de los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, carga de vehículos eléctricos y energías renovables.

Se trata en definitiva de una ambiciosa revisión de la Directiva sobre edificios para conseguir un sector descarbonizado, que deberá incluir sin duda el papel del gas y de las redes gasistas para lograr ese objetivo, teniendo en cuenta especialmente la creciente incorporación de los gases renovables, ya compatibles para su utilización en una gran parte del actual parque de viviendas.

El futuro: gases renovables, bajos en carbono e hidrógeno

En el contexto del “Green Deal” europeo, la reforma de la legislación del mercado interior del gas viene motivada por dos factores: su equiparación con la normativa del mercado interior de electricidad, y el cumplimiento de los objetivos de energía y clima, dando entrada a los gases renovables y bajos en carbono, incluido el hidrógeno.

Si bien el objetivo principal de esta reforma es fomentar los gases renovables y bajos en carbono, también tendrá un efecto positivo a medio plazo sobre la seguridad energética y los precios del gas, ya que los gases renovables se producen en cada país y, por tanto, reducen la dependencia de importaciones.

El nivel de consumo anual de combustibles gaseosos por parte de la Unión Europea se sitúa actualmente en torno a 300 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), de los cuales un 95% corresponde al gas natural, y supone a su vez alrededor de un 25% de su mix energético. La propuesta de la Comisión aspira a que, en 2050, la cifra se sitúe en 250 Mtep, y suponga un 20%.

En este sentido, la propuesta deja pendiente la definición en detalle sobre el hidrógeno y los gases bajos en carbono, pero adelanta que el ahorro de emisiones de efecto invernadero será de al menos el 70%. La metodología exacta para evaluar las emisiones del hidrógeno bajo en carbono se desarrollará a través de un acto delegado, que se adoptará previsiblemente a finales de 2024. Pero este calendario trae aparejado el riesgo retrasar el desarrollo de estos gases, que requieren un impulso más ágil en el momento presente. El Consejo y el Parlamento son las instancias europeas que tienen ahora mismo la capacidad para definir y promocionar su utilización a gran escala.

La Comisión propone conceder descuentos del 75% en las tarifas de entrada a red y de almacenamiento, al menos durante cinco años, así como eliminar las tarifas transfronterizas para los gases renovables y de baja emisión de carbono. El objetivo es facilitar las ventas transfronterizas en el mercado europeo y explotar los puntos de producción más prometedores. En este sentido, España cuenta a su favor un considerable potencial para la generación de hidrógeno que, acompañado de unas condiciones técnicas y legislativas adecuadas, podrían convertirle en uno de los principales exportadores en el ámbito de la UE.

En cuanto a las redes de transporte y distribución, la propuesta considera necesario facilitar el acceso y la utilización de los gasoductos existentes por parte de los gases renovables y bajos en carbono. La regulación de las redes de hidrógeno es similar a la vigente para las de gas, de forma que se introducirá para ellas un sistema de acceso regulado y negociado hasta 2030. También se fomenta la planificación coordinada de las redes de electricidad, gas e hidrógeno, considerando que la vía más eficiente para la descarbonización es el aprovechamiento de la infraestructura gasista existente.