Tras doce meses de profunda turbulencia, llega el momento de despedir el año, afrontar la tarea de hacer balance y tratar de responder si la crisis energética que hoy vivimos se prolongará durante mucho más tiempo.

El sector energético ha marcado sobremanera la agenda internacional durante el 2022; un ejercicio complejo en el que nos hemos visto obligados a lidiar con un tumultuoso e incierto contexto geopolítico, con una inflación galopante, el temor a una recesión económica mundial y donde la seguridad energética se ha convertido en una prioridad para los decisores políticos.

Si bien el sector ya arrastraba una importante volatilidad desde mediados del 2021, la injustificada invasión de Ucrania por parte de Rusia a finales de febrero no hizo sino acrecentar la inestabilidad y la crisis. Desde entonces, el ritmo de la agenda normativa para tratar de mitigar su impacto sobre los hogares y el tejido empresarial europeo ha sido trepidante.

Enfoques que parecían casi olvidados, como la necesidad de impulsar un modelo de suministro diversificado que reduzca la excesiva dependencia de unos pocos suministradores y garantice una mayor soberanía energética, vuelven a ocupar desde hace meses las discusiones económicas y políticas en Europa.

El sentimiento de urgencia convive además con la obligación de seguir avanzando en la senda de la descarbonización de nuestra economía. Un proceso en el que, como ha quedado demostrado durante estos meses, el gas sigue ocupando un lugar preeminente como fuente de energía fiable y necesaria, no solo para asegurar la seguridad de suministro en el corto plazo, sino también a más largo plazo - más allá incluso del horizonte 2030 - para la consecución de la neutralidad climática.

España es uno de los tres países europeos con mayor potencial para la producción de gases renovables, tanto de biometano como de hidrógeno verde, pero para seguir avanzando por esta senda urge contar con un marco normativo ambicioso que aporte seguridad y estabilidad a los proyectos de inversión. Este punto ha sido, precisamente, una de nuestras reivindicaciones a lo largo de este 2022, en el que han visto la luz regulaciones y orientaciones públicas en la materia, como la Hoja de Ruta del Biogás. Un primer paso acertado, pero que carece de ambición, al marcar unos objetivos que representan apenas un 1,5% de biometano del total de la demanda gasista, frente al 10% o 20%, fijado por otros países de nuestro entorno.

La relevancia de los gases renovables -y en concreto del biometano- como catalizadores hacia un modelo energético más sostenible se puso nítidamente de manifiesto con el REPowerEU para acelerar la desconexión de Rusia, que amplía hasta los 35.000 millones de metros cúbicos el objetivo comunitario de producción para 2030.

Este plan ha convivido con otras iniciativas en el ámbito también europeo, como la creación de una plataforma de compras conjuntas de gas de cara al invierno de 2023 para reforzar la capacidad de negociación y solidaridad entre los países miembros, o la definición de un mecanismo europeo que permita topar los precios del mercado del gas en caso de que vuelvan a dispararse su nivel de precios y la volatilidad. 

2023 llega cargado de desafíos, bajo una coyuntura que seguirá siendo retadora por los desajustes entre la oferta y la demanda global de gas, agravados por la reducción masiva de las importaciones de gas ruso a Europa. La AIE advertía recientemente de otros factores que podrían agravar este escenario, como la recuperación de la economía china tras relajar sus políticas anti-COVID, que elevaría la demanda mundial hasta niveles prepandemia. Asimismo, hay que tener en cuenta que este invierno está siendo extraordinariamente cálido hasta la fecha, algo que podría no darse el próximo.

Ante esta panorámica podemos hacer dos cosas: esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. En este sentido, debemos reforzar el mercado interno europeo de la energía y confiar en los frutos que dará el despliegue de inversiones masivas para promover la autonomía energética europea apostando por los recursos autóctonos y renovables, particularmente el biometano y el hidrógeno verde. Nuestras infraestructuras gasistas seguirán jugando un papel clave en la seguridad de suministro, tanto nacional como europea. Y el potencial español en la producción de gases de origen renovable se verá reforzado, como así esperamos, por la aprobación de unos objetivos más ambiciosos en el marco de la revisión del PNIEC.

Sedigas seguirá trabajando para defender los intereses del sector gasista español y el valor y potencial de una fuente de energía que lleva años demostrando su fiabilidad para dar respuesta a las necesidades térmicas y de generación eléctrica de los hogares y de la industria de nuestro país.