La Asociación Española del Gas muestra su preocupación por el anuncio del Ejecutivo de promover la implantación de un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con carácter retroactivo, en una coyuntura económica tan delicada como la actual y en la que debería prevalecer la planificación y la prudencia fiscal. La imprecisión de la medida anunciada y la falta de seguridad jurídica dañan la reputación y la credibilidad de nuestro país ante la comunidad inversora.

Para un sector abierto y expuesto a la competencia de los mercados globales, una detracción de recursos inesperada en un momento de máxima incertidumbre, y en el que se necesitan inversiones y operadores sólidos para garantizar la seguridad de suministro, no parece la medida más sensata.

El sistema español tiene una relevancia fundamental para Europa en el actual contexto energético. Resulta clave desarrollar ya todo nuestro potencial en el ámbito de los gases renovables para facilitar el proceso de descarbonización y lograr una mayor autonomía energética. Medidas de esta naturaleza tienen efectos perniciosos y, por tanto, pueden suponer un freno al desarrollo de los planes de inversión de las compañías.