El crecimiento económico a través de una economía circular, competitiva, climáticamente neutra y socialmente responsable ha pasado de aspiración a necesidad. Y es así como ha surgido la calificación ESG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, por sus siglas en inglés), que valora las inversiones de acuerdo con su incidencia en cada uno de estos ámbitos. La rentabilidad ha dejado de ser la consideración única que considerar por los mercados, y nuevos criterios han pasado a ocupar un lugar central a la hora de optar por determinados sectores, actividades o empresas.

Juan Carlos Giménez

ESG resume, por sus iniciales en inglés (Environmental, Social and Governance), los tres criterios que debe reunir una empresa socialmente comprometida: una actuación medioambiental impecable, un trato justo a los empleados, y un gobierno corporativo responsable, veraz y transparente. A este concepto también se le conoce en castellano por sus siglas ASG (Ambiental, Social,y Gobierno Corporativo). Y a los fondos de inversión que siguen este criterio se ha pasado a denominarlos “Fondos Responsables”.

Tres componentes, pues, pero ¿todos con el mismo peso? En opinión de Francisco Javier Garayoa, director general de Spainsif, la plataforma española de referencia en inversión sostenible, “la conexión entre la parte ambiental, social y la gobernanza es total, no se entienden de forma aislada, sin posibilidad de desligarlas, siendo por ello que las tres conforman la base de la inversión sostenible”. Garayoa matiza que “por el momento, la dimensión medioambiental es la que más pesa, pero el COVID-19 ha impulsado la ‘S’ de los aspectos sociales durante 2020 y lo que llevamos de 2021, según diferentes estudios”.

La inversión sostenible establece criterios mínimos de conducta para las compañías a las que destina fondos. Y, si las actividades o comportamientos de una empresa perjudican a la sociedad, ninguna cotización, por atractiva que sea, compensará esos efectos nocivos. Se buscan, en definitiva, modelos de negocio sostenibles a largo plazo, y de ahí que sea preciso calibrar las perspectivas a futuro de cada corporación: ¿puede crecer su negocio o mejorar sus márgenes de beneficios, o por el contrario se arriesga a quedar por detrás de su competencia o a recibir algún tipo de sanción por sus malas prácticas?

Antecedentes históricos

La adopción de esta perspectiva inversora no puede decirse que sea una novedad surgida en los últimos años. Ya desde el siglo XIX pueden rastrearse movimientos, fundamentalmente de origen religioso, que buscaban mantener sus capitales al margen de actividades que consideraban socialmente nocivas (alcohol, tabaco, juego, industrias especialmente contaminantes…).

A lo largo del siglo pasado, la Gran Depresión primero -como efecto del mal gobierno de las corporaciones-, y más tarde los sucesivos conflictos bélicos, los movimientos en favor de los derechos civiles, los reiterados desastres medioambientales, la oposición a regímenes como la Suráfrica del Apartheid, la concienciación sobre la situación de la mano de obra en países en vías de desarrollo… han sido solo algunos jalones en el camino hacia un nuevo concepto de legitimidad en materia de inversiones.

En 1971, dos ministros metodistas norteamericanos fueron pioneros en la creación de un producto financiero con estos criterios, el Pax World Fund, que perseguía evitar cualquier implicación de sus respectivas iglesias con la Guerra de Vietnam, en aquel entonces en pleno apogeo. Posteriormente, en el año 1984, se crearía el US Sustainable Investing Forum (Foro norteamericano de la inversión sostenible). Diez años más tarde existían ya 26 fondos sostenibles, que sumaban alrededor de 1.900 millones de dólares en activos. Y en 2006, la ONU presidida por Kofi Annan puso en marcha los Principios para una Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés).

Evolución de las cifras

A partir de la segunda década de este siglo, las inversiones ASG comienzan a proliferar, espoleadas en parte por la aprobación del Acuerdo de París. En el año 2016, CalPERS —el mayor fondo de pensiones público de los EE.UU— adopta un plan a cinco años para incorporar los criterios ESG a su práctica inversora.

Según los últimos datos publicados por la Alianza Mundial para la Inversión Sostenible (GSIA por sus siglas en inglés), los activos invertidos en fondos sostenibles superaban a comienzos de 2018 los 25 billones de euros, de los que un 45% correspondían a Europa, y un 39% a los EE UU. Tan solo dos años antes, la inversión global en estos productos financieros sumaba 18,7 billones, con lo que su crecimiento en el periodo 2016-18 registra un espectacular 34%.

Ahora bien, ¿es verde todo lo que reluce? Francisco Javier Garayoa advierte de que “con el nuevo marco de finanzas sostenibles de la UE, especialmente con las pautas recogidas en la taxonomía medioambiental y el desarrollo de los Principios Europeos sobre Bonos Verdes, se podrán determinar qué proyectos realmente lo son, y dificultar el greenwashing (marketing verde)”. Una labor “fundamental”, a juicio del director general de Spainsif, “para el desarrollo de este mercado, porque las previsiones de la UE contemplan emisiones por una cifra superior a los 250.000 millones en los próximos años”.

Sensibilidad europea

Y es que, en efecto, Europa es especialmente sensible a la inversión responsable, y de ahí la creación de la llamada Taxonomía Verde, una clasificación que determina si una actividad económica es sostenible para el medioambiente, que ayude a los inversores a decidir dónde colocar su dinero. Conocida bajo las siglas EUT, constituye una herramienta imprescindible para la implementación real del Pacto Verde de la Unión Europea en lo que concierne a financiación. Este Pacto es una nueva estrategia europea de crecimiento que aspira a lograr una economía circular, competitiva y climáticamente neutra en 2050.

Pero, para alcanzar un crecimiento sostenible, se precisa primero un consenso en torno a este concepto. De ahí que se haya creado un sistema de clasificación común para las actividades consideradas sostenibles, la denominada “taxonomía de la UE”. En este sentido, el EUT es su “manual de instrucciones”, un sistema de clasificación diseñado para describir lo que se considera sostenible. El Reglamento sobre taxonomía, que entró en vigor el 12 de julio de 2020, establece seis objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático; adaptación al mismo; uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos; transición a una economía circular; prevención y control de la contaminación; y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Al proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables de la formulación de políticas sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, proporcionará seguridad para los inversores, combatirá el greenwashing, ayudará a las empresas a planificar la transición y contribuirá a dirigir las inversiones allá donde más se necesiten.

El gas, clave para lograr los objetivos de la UE

El gas natural se perfila como una fuente de energía clave para lograr los objetivos marcados por la Unión Europea en los horizontes de 2030 y 2050. Su flexibilidad como fuente de suministro alternativa en los momentos de baja producción por renovables, así como su menor nivel de emisiones de COâ‚‚ respecto al resto de combustibles fósiles, le confiere una función clave en el mercado eléctrico español, ya sea a través de las centrales eléctricas convencionales o de plantas de ciclo combinado.

El sector gasista ha anunciado su intención de apoyar la descarbonización del sistema energético a través de gases renovables como el biogás o el biometano, readaptando la infraestructura existente para su desarrollo. “Con los objetivos de descarbonización en 2050 en la mente, ahora mismo es igual de sostenible un gas renovable que otro tipo de energía renovable eléctrica, y la UE deberá tenerlo en cuenta para cada uno de los sectores energéticos”, ha señalado Joan Batalla, presidente de Sedigas. Y la clasificación europea se ha mostrado a favor de reconocer la producción de biogás a partir de digestión anaeróbica (DA) y la integración de biometano en las redes de gas como actividades sostenibles.

Aunque obviamente, mientras el gas natural siga siendo un componente importante para el suministro energético seguirá produciendo emisiones de COâ‚‚ a la atmósfera. Pero es posible mitigarlas mediante la técnica de captura y almacenamiento de carbono, que podría aplicarse para aquellas emisiones que provengan de grandes centrales eléctricas o plantas industriales. Y éste es “otro tipo de tecnología para la que se necesita inversión”, señala Joan Batalla.

El director general de Spainsif considera que “a nivel de Unión Europea está abierto el debate sobre el gas natural como alternativa de transición frente a otras energías más contaminantes, pero solo se podría clasificar como una inversión sostenible según su contribución al escenario de descarbonización, algo que valorará el propio mercado, el debate sigue abierto en la UE, y se prevé que para finales de este año exista un posicionamiento que se refleje en la taxonomía medioambiental”.

Y es que, aunque a juicio de Francisco Javier Garayoa “lo cierto es que las energías renovables y la eficiencia energética son las señas de identidad de las finanzas sostenibles en el sector de la energía en España, la inversión sostenible previsiblemente también puede contemplar otras aproximaciones conectadas con el proceso de transformación hacia un modelo de cero emisiones”.

En el ámbito de la generación de electricidad, las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas aportan un alto grado de eficiencia, pero queda pendiente establecer si son susceptibles de atraer inversores con criterio verde. En opinión de Francisco Javier Garayoa, “la capacidad de atraer inversiones sostenibles dependerá en gran parte del proceso de innovación energética y de la reacción del mercado de financiación sostenible, que valorará la alternativa de estas centrales dentro del escenario de descarbonización de la UE, así que tenemos que estar pendientes del resultado del debate abierto”.

La Comisión Europea ha anunciado recientemente que por el momento deja fuera de la Taxonomía Verde al gas natural y la energía nuclear. El órgano ejecutivo europeo ha solicitado más tiempo para alcanzar una conclusión sobre las fuentes de energía de transición, y ha pospuesto su decisión hasta finales de año. Y esto ha conducido a un vivo debate entre gobiernos que se oponen a que se consideren como “verdes” estas inversiones y los que advierten de que criterios demasiado estrictos pueden excluir de las inversiones públicas energías necesarias para la transición hacia una economía de cero emisiones.

Para el director general de Spainsif “hay aspectos relevantes pendientes de clarificar en referencia a los sectores de actividad, y faltan los ajustes derivados de las propuestas de las asociaciones sectoriales, grupos de interés y de los propios supervisores, entre otros”.