Medidas para afrontar un invierno incierto

La llegada de septiembre siempre es un buen momento para echar la vista atrás, resituarse y hacer repaso de los retos que trae consigo el inicio del nuevo curso. Unos desafíos que se presentaban ya antes del parón veraniego a finales de julio, cuando nos despedíamos con la propuesta de la Comisión Europea para actuar en el ámbito del ahorro y la eficiencia en el consumo de gas, bajo la denominación Save Gas for a Safe Winter. Un plan necesario y urgente que, tras una primera versión en la que exigía restricciones generalizadas e ignoraba por completo las singularidades de los distintos países, fijaba finalmente para España el compromiso de ahorrar el 7% de gas hasta marzo de 2023 reconociendo así sus fortalezas y particularidades. 

La presentación de este paquete convivía, prácticamente en las mismas fechas, con el anuncio de la creación por parte del Gobierno de un impuesto temporal para gravar los denominados ‘beneficios extraordinarios’ de las empresas energéticas. Una medida preocupante rechazada por el sector, por su carácter discriminatorio y sus múltiples anomalías (jurídicas y de diseño), que actuaría sobre los ingresos de las compañías y no sobre sus pretendidos beneficios. En resumen, una iniciativa que tal y como se ha planteado quebranta de forma clara y notable el principio de seguridad jurídica y perjudica nuestra credibilidad frente a la comunidad inversora. Cierto es que, si bien la iniciativa fue admitida, su toma en consideración en el Congreso de los Diputados pareció volver a la casilla de salida tan solo un día después, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba una suerte de gravamen (‘contribución solidaria’) para las empresas del sector gasista (entre otras). No obstante, será relevante que la propuesta final acordada por los Estados miembros evite distorsiones que desincentiven la inversión y la movilización de recursos económicos y, por tanto, el proceso de transición energética en el que está comprometido el conjunto del sector. 

El mes de septiembre también nos ha traído alguna buena noticia en relación con una de nuestras demandas más insistentes durante el último año: la rebaja del IVA del gas (pasa del 21% al 5% a partir del 1 de octubre) y con ella, el fin del trato discriminatorio que el consumidor gasista venía experimentando en relación con otros consumidores energéticos. Una medida con un efecto muy positivo en el bolsillo de los consumidores que estimamos rebajará una media del 13% el importe final de la factura del gas. Ahora solo quedaría esperar que se complementara con una reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), lo que permitiría reducir aún más el recibo para los consumidores. 

Estas últimas semanas también han estado cargadas de debate en torno a otros asuntos de profundo calado en Europa, como una potencial limitación al precio de importación del gas natural o la reestructuración del diseño del mercado eléctrico para controlar y mitigar el alza de las facturas y su impacto sobre las economías familiares y la competitividad de nuestra industria.

Además, ahora es más necesario que nunca que sigamos evidenciando la relevancia del sistema gasista español como potencial canalizador de gas hacia Europa. Es imperioso avanzar en el desarrollo de las interconexiones que permitan, no solo garantizar el suministro en el contexto actual, sino avanzar hacia la futura descarbonización de la mano de los gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde, y garantizar al tiempo una verdadera unidad de mercado en el conjunto de la Unión Europa.

Los próximos meses se presentan marcados por un alto nivel de incertidumbre y volatilidad, y por una larga lista de retos e iniciativas a abordar por parte del sector, pero también de los reguladores. Un contexto en el que Sedigas seguirá ejerciendo un papel activo como altavoz y defensor de los intereses del sector gasista español.

Naiara Ortiz de Mendíbil Romo
Secretaria General de Sedigas