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09/02/2023
La comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo ha adoptado hoy su posición sobre dos actos legislativos, un reglamento y una directiva, para facilitar el acceso a la red de gases renovables y bajos en carbono, como el biometano y el hidrógeno.
La legislación también crearía un sistema de certificación para los gases bajos en carbono y garantizaría que los consumidores puedan cambiar más fácilmente de proveedor para elegir en sus contratos gases renovables y bajos en carbono en lugar de combustibles fósiles.
En sus enmiendas a la directiva, los eurodiputados afirman que los corredores de hidrógeno, identificados en el plan REPowerEU, deben contar con el apoyo de infraestructuras e inversiones adecuadas. El objetivo es garantizar que se dispone de suficiente capacidad transfronteriza para establecer un mercado europeo integrado del hidrógeno, la llamada "red troncal del hidrógeno", y permitir que el hidrógeno circule libremente a través de las fronteras.
El gas natural autóctono para sustituir el 20% del suministro de gas natural ruso
En sus enmiendas al reglamento, en línea con los objetivos de REpowerEU, los eurodiputados afirman que para finales de 2030 los Estados miembros deberán garantizar colectivamente al menos 35.000 millones de metros cúbicos de biometano cada año. Este se produciría e inyectaría en el sistema de gas natural, con el objetivo de sustituir el 20% de las importaciones de gas natural ruso por una alternativa sostenible, más barata y producida localmente.
Si las instituciones de la UE dan luz verde a esta propuesta, ese objetivo anclaría finalmente en una legislación vinculante la ambición del Plan REPowerEU. La adopción de normas a escala de la UE facilitaría un crecimiento acelerado y pronunciado de la integración del biometano en la red de gas después de 2025. Aunque es esencial para que el biometano llegue de forma rentable a los consumidores, el acceso a la red de gas representa actualmente un reto para muchos de los promotores de los proyectos. El informe del Parlamento Europeo mejora la propuesta de la Comisión sobre el derecho de inyección, estableciendo, entre otras disposiciones, plazos para la entrega de la conexión a la red solicitada por los promotores de proyectos.
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